Los aerosoles o espráis de gas pimienta han dejado de ser un complemento secundario para convertirse en una dotación estándar en cuerpos policiales y unidades militares de todo el mundo, más aún en un momento de crecimiento global de las protestas sociales en defensa de los servicios públicos o en solidaridad con causas como la palestina, así como ante la intensificación de los flujos migratorios provocados por las políticas neocoloniales. Lejos de sufrir problemas de estancamiento, la industria fabricante opera bajo una demanda institucional creciente.
A escala internacional, la adquisición de aerosoles incapacitantes por parte de gobiernos y administraciones públicas muestra un dinamismo notablemente superior al del consumo civil. Según las estimaciones del sector, el mercado mundial de espráis de uso policial alcanza un valor de 373,6 millones de dólares en 2026, y se proyecta que mantenga una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,72 % hasta superar los 620 millones de dólares en 2032. Este impulso responde a la estandarización de estos dispositivos en las patrullas urbanas de Norteamérica, Asia-Pacífico y Europa.
Sin embargo, el mayor salto porcentual se registra en el ámbito estrictamente militar. El segmento de aerosoles de pimienta destinados a fuerzas armadas prevé una expansión anual del 13,86 % entre 2026 y 2034. Los ejércitos contemporáneos participan cada vez más en misiones militares extranjeras, protección de infraestructuras críticas, control de accesos y vigilancia fronteriza.
Gas pimienta en Europa: modernización táctica y renovación constante
En el continente europeo Reino Unido, Francia y Alemania encabezan la inversión en este armamento.
Junto al aumento en volumen, Europa protagoniza una transición tecnológica en los formatos empleados. Las fuerzas policiales y militares están sustituyendo progresivamente los difusores tradicionales en niebla por fórmulas en gel y espuma de largo alcance, así como por dispositivos de alta capacidad —como los modelos tácticos tipo MK-9 de casi medio litro— y proyectiles cinéticos con carga irritante. Estas innovaciones permiten actuar a mayor distancia, evitan la dispersión por el viento y reducen el riesgo de contaminar a los propios policías.
Además, el modelo de suministro europeo garantiza una rotación continua de la producción: los compuestos activos y propelentes tienen fechas de caducidad estrictas y deben cumplir normativas rigurosas, como la no inflamabilidad para asegurar su compatibilidad con dispositivos electrónicos de control (pistolas táser). Esto hace que los ministerios europeos lancen licitaciones periódicas y plurianuales que absorben de forma constante la capacidad de los fabricantes homologados y engordan aún más a la industria armamentística.
España constituye un ejemplo representativo de cómo la incorporación de estos medios abarca tanto a las Fuerzas Armadas como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el ámbito militar, el hito más reciente se produjo en septiembre de 2026, cuando el Ministerio de Defensa inició la distribución de espráis de gas pimienta entre los efectivos del Ejército desplegados en las patrullas de vigilancia del perímetro fronterizo de Ceuta.
Paralelamente, el Ministerio del Interior mantiene un flujo constante de adquisiciones para reforzar las dotaciones policiales. En octubre de 2026 se formalizó la compra de un lote de 790 aerosoles defensivos de alta capacidad por un importe superior a los 71.600 euros destinados a la Policía Nacional, sumándose al equipamiento habitual de la Guardia Civil y de diversos cuerpos autonómicos y locales.

El abastecimiento de espráis de defensa (basados en oleorresina de capsicum o gas pimienta) para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España se articula a través de licitaciones públicas adjudicadas a fabricantes nacionales o distribuidoras españolas autorizadas, las cuales importan los productos de plantas químicas y pirotécnicas ubicadas principalmente en Estados Unidos, Francia y Alemania. Según los expedientes públicos documentados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la Plataforma de Contratación del Sector Público, las compras identificadas superan los 1,33 millones de euros y se distribuyen entre los siguientes proveedores principales:
- Falken, S.A.U. (Marcas RASS y Weinen): Es el principal suministrador a nivel estatal (con una cuota estimada del 55-60 % y alrededor de 980.000 euros documentados). Fabrica directamente en España y licita sin intermediarios para dotar a la Policía Nacional y la Guardia Civil. La compañía es propiedad al 100 % del grupo pirotécnico familiar francés Étienne Lacroix (familia Barès). No presenta ningún vínculo societario, accionarial ni comercial conocido con Israel.
- 2. Security Equipment Corporation (Marca Sabre Red): Fabricante estadounidense con sede en Misuri que abastece a España (cuota estimada del 20-25 % y unos 240.000 euros documentados) a través de la distribuidora española Nidec Defense Group y de empresas adjudicatarias de vestuario policial. Sus modelos dotan a unidades especiales de la Policía Nacional, a Mossos d’Esquadra, a la Ertzaintza y a numerosas Policías Locales. Es una empresa privada controlada íntegramente por la familia estadounidense Nance, sin inversores israelíes, aunque sus productos cuentan con distribución comercial en el mercado civil y de seguridad privada de Israel.
- 3. Defense Technology / Grupo Safariland (Marca First Defense): Fabricante estadounidense con planta en Wyoming que suministra principalmente botes de gran capacidad (formato MK-9) para unidades antidisturbios y de orden público de la Policía Nacional (UIP y UPR) y la Guardia Civil (ARS/GRS), operando en España mediante importadores especializados (cuota estimada del 8-10 % y unos 71.600 euros documentados en adquisiciones recientes). Aunque la compañía es de capital estadounidense (cotizada en la Bolsa de Nueva York bajo el grupo Cadre Holdings y participada también por grandes fondos internacionales como BlackRock o Vanguard), es el único fabricante de la cadena con vínculos comerciales directos y polémicas documentadas en relación con Israel:
- Propiedad y control: El presidente ejecutivo, consejero delegado y mayor accionista individual de Cadre Holdings (con alrededor del 25-28 % del capital y control de voto mayoritario) es el empresario y financiero estadounidense Warren B. Kanders. Aunque Kanders no posee nacionalidad israelí ni ocupa cargos públicos en Israel, su actividad empresarial en la industria de defensa y seguridad ha estado directamente ligada al suministro de equipamiento a fuerzas policiales y militares israelíes.
- Suministro de material antidisturbios y munición a Israel: Según informes de organizaciones de investigación como AFSC Investigate y Forensic Architecture, las filiales de Safariland y Defense Technology controladas por Kanders han fabricado gases lacrimógenos, granadas de pimienta y proyectiles de control de masas empleados por la policía y el ejército israelí. Asimismo, a través de otro conglomerado que presidió y dirigió (Clarus Corporation), Kanders controló hasta 2024 la fabricante Sierra Bullets, señalada por investigaciones internacionales por proveer munición de precisión utilizada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
- Controversias públicas y dimisiones institucionales: Esta vinculación comercial con la industria militar y antidisturbios israelí —sumada al uso de material de Defense Technology en protestas internacionales— generó fuertes campañas de boicot y protestas en Estados Unidos contra su presencia en instituciones culturales y académicas. Como consecuencia de esta presión pública, Kanders se vio forzado a dimitir en 2019 como vicepresidente del consejo de administración del Museo Whitney de Arte Estadounidense en Nueva York tras meses de manifestaciones de artistas y activistas, y posteriormente abandonó también órganos asesores en la Universidad de Brown.
- 4. Fabricantes nacionales y europeos complementarios (ASAC Pharma y Umarex): El porcentaje restante del suministro (en torno al 5-10 %, con unos 41.600 euros documentados en contratos municipales) corresponde a espráis homologados como Fitodefensa —fabricado en Alicante por el laboratorio español Especialidades Farmacéuticas Centrum (ASAC Pharma)— y Walther Pro Secur —producido en Alemania por la empresa familiar Umarex GmbH & Co. KG (familias Pflaumer y Wonisch) y distribuido en España mediante lotes de equipamiento local—. Ninguna de estas compañías ni sus accionistas guardan relación societaria o comercial con Israel.
Consecuencias sobre la salud, polémicas relevantes y última hora sobre su investigación y restricción
- Efectos fisiológicos y daños graves contabilizados: Aunque se catalogan como armas de letalidad reducida, los espráis de oleorresina de capsicum (OC) provocan una respuesta inflamatoria aguda inmediata: blefaroespasmo (cierre involuntario de los párpados y ceguera temporal), lagrimeo intenso, quemazón cutánea severa, tos convulsiva y sensación de asfixia.
Organizaciones médicas como Physicians for Human Rights e informes forenses internacionales advierten de que el disparo a corta distancia —especialmente con formatos de chorro balístico de alta presión como el MK-9— puede causar abrasiones y úlceras corneales, pérdida permanente de agudeza visual, quemaduras químicas de segundo grado, broncoespasmos graves en personas con asma o cardiopatías y traumatismos secundarios por caídas en aglomeraciones.
En las intervenciones policiales registradas en España entre 2025 y noviembre de 2026 se han contabilizado decenas de asistencias sanitarias de urgencia por insuficiencia respiratoria aguda, lesiones oculares y crisis de ansiedad en manifestantes, periodistas y transeúntes alcanzados por el gas.
- Investigación oficial tras las cargas de noviembre de 2026: Tras las polémicas actuaciones policiales en las protestas de otoño de 2025 en Barcelona (que motivaron la publicación de un protocolo autonómico de los Mossos d’Esquadra el 4 de noviembre de 2026) y la calificación legal del espray como «arma» por parte de los letrados del Congreso en septiembre de 2026, la crisis estalló a nivel estatal tras la jornada de huelga general del 11 de noviembre de 2026.
El uso de espráis de pimienta contra piquetes y manifestantes en puntos como Mercamadrid o la Gran Vía madrileña — donde fueron rociados artistas, periodistas y una persona sin hogar en imágenes difundidas ampliamente— llevó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a ordenar el 13 de noviembre una información reservada (investigación interna) en la Dirección General de la Policía para depurar posibles incumplimientos del protocolo y evaluar eventuales expedientes disciplinarios.
- Alcance real de las restricciones (protocolo del 16 de noviembre de 2026) y conflicto sindical: Aunque el Ministerio del Interior anunció el 13 de noviembre la prohibición de usar gas pimienta en protestas (limitando el control de masas a artificios fumígenos de humo lacrimógeno tipo ATL), el nuevo protocolo interno aprobado y en vigor desde el lunes 16 de noviembre de 2026 rectifica la instrucción dictada apenas 28 días antes (el 19 de octubre de 2026) con un matiz operativo relevante:
- Recomendación con excepciones en lugar de prohibición absoluta: El texto actualizado del 16 de noviembre retira el formato de gran capacidad MK-9 como medio ordinario de orden público y establece que «no se recomienda» el uso de espráis (ni MK-3 ni MK-9) en actuaciones de control de masas, pero permite su empleo excepcional cuando concurran «circunstancias debidamente justificadas o ante un peligro inminente y grave donde sea el único medio posible para evitar daños mayores».
- Uso ordinario intacto y destino del material adquirido: Las nuevas restricciones afectan exclusivamente a manifestaciones y orden público; los agentes de seguridad ciudadana (patrullas convencionales) mantienen plena autorización para utilizar el espray individual en detenciones ordinarias. Al mismo tiempo, queda pendiente de definición operativa el destino de los 790 espráis MK-9 recién adquiridos por más de 71.600 euros específicamente para unidades de intervención.
- Recurso ante la Fiscalía: La rectificación normativa del 16 de noviembre ha abierto un enfrentamiento directo con los sindicatos policiales (como SUP y CEP), que denuncian inseguridad jurídica para los agentes al cambiar de criterio en menos de un mes sin informes técnicos nuevos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) acudió formalmente ante la Fiscalía General del Estado para solicitar la paralización cautelar de las restricciones alegando que comprometen la integridad física y la salud laboral de los funcionarios.
Conclusión: un escenario operativo y jurídico aún abierto
En definitiva, el futuro del gas pimienta como herramienta policial en España permanece en un terreno incierto y pendiente de resolución en varios frentes simultáneos. Por un lado, la aplicación práctica del protocolo del 16 de noviembre de 2026 dependerá de cómo interpreten los mandos sobre el terreno el margen de «peligro inminente y grave» que sigue habilitando su uso excepcional en manifestaciones, así como del destino final que se dé a las partidas de gran capacidad recién adquiridas.
Por otro lado, el resultado de la investigación interna ordenada por Interior tras la huelga general del 11 de noviembre, la respuesta de la Fiscalía General del Estado ante los recursos sindicales y el debate parlamentario abierto sobre la proporcionalidad de los medios antidisturbios y los criterios éticos en la contratación pública acabarán determinando si España consolida una retirada efectiva de estos aerosoles en protestas o mantiene su empleo bajo un marco regulatorio sujeto a constante fricción política, sindical y social.
Imagen destacada de esta entrada: simulación de «control de masas» realizadas por miembros de la Legión en una imagen publicada en un reportaje de Diario Público sobre prácticas de la Segunda Compañía de la Bandera Millán Astray
