La Justicia militar ha desestimado el 76% de las denuncias por acoso en el Ejército

Entre 2004 y 2015 se presentaron 174 denuncias por acoso sexual o laboral dentro de las Fuerzas Armadas. El 76% acabó en nada: la Justicia militar archivó 110 casos durante la fase de diligencias previas y otros 24 no acabaron con sentencia condenatoria contra los acusados. Sólo se han producido 22 condenas, mientras que el resto de casos se dejó en manos de mandos militares u otros órganos internos.

Así lo recoge el informe del Observatorio de Vida Militar del año 2015, que se publicó hace unos días. Este órgano de carácter asesor y consultivo creado en 2014 no está integrado en las Fuerzas Armadas, pero depende de Defensa y se dedica al «análisis permanente de la condición de militar». Lo integran exmilitares, juristas y expertos.

En el último informe que ha publicado, el Observatorio señala que en la última década la jurisdicción militar ha recibido 174 denuncias de «acoso sexual, laboral o profesional». El documento no especifica cuántas se ha presentado cada año, ni las divide por tipo de acoso. De esas 174 denuncias, 110 fueron archivadas directamente tras las diligencias previas, la fase judicial en la que se investiga si los hechos son constitutivos de delito. No se consideró que los comportamientos fueran merecedores de castigo penal, ni siquiera motivo de sanción disciplinaria.

Otros siete casos se remitieron a la autoridad disciplinaria. El Observatorio aclara que estos casos se dejaron en manos de los mandos superiores de los soldados denunciados, y fueron estos quienes decidieron si había sanción o no. El régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas considera que «realizar actos que afecten a la libertad sexual» será considerado una falta grave cuando no sea constitutivo de delito. Las faltas graves pueden acarrear el arresto durante dos meses, la perdida del destino o la baja en el centro docente.

Resolución de las denuncias por acoso sexual y laboral en el Ejército, entre los años 2004 y 2015

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De las 174 denuncias, 11 no se llevaron a juicio ni se dejaron en manos de la autoridad disciplinaria, sino que se derivaron a «otros organismos». Fuentes del Observatorio aseguran que no pueden concretar de qué organismo se trata, y se remiten al informe sobre acoso sexual y laboral que se enviará en los próximos meses al Congreso. Según la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, solo pueden imponer sanciones el Ministerio de Defensa, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, los responsables de las distintas ramas del Ejército, y algunos generales.

Así, fueron 46 los casos en los que se inició un proceso penal, de lo que 22 acabaron en condena. El Observatorio sí que especifica en este punto qué tipo de acoso se castigó en cada sentencia: dos por acoso sexual, una por acoso «por razón de sexo o género» y nueve por acoso laboral. Sobre las otras 24, que no acabaron en condena, el Observatorio no da más datos. Solo eso, que no acabaron con una sentencia condenatoria.

«Los datos no son reales, están maquillados»

Antonio Suárez-Valdés, especialista en Derecho penal militar, no cree que las cifras aportadas por el Observatorio de la Vida Militar sean ciertas. «Esos datos no pueden ser reales, están maquillados», afirma, y se apoya en que su despacho de abogados ha recibido «más de 200 denuncias al año» por parte de militares y guardias civiles.

Añade que, según su experiencia, más del 80% de estas denuncias son archivadas debido al opaco sistema de investigación que se pone en marcha. «Son los mandos militares los que comienzan la investigación por su cuenta, los que estudian si hay indicios de delito, y los que deciden si lo archivan», explica.

Durante esa fase de investigación interna, denuncia que en muchas ocasiones ni siquiera se llega a tomar declaración a quien presenta la querella. Además, tiene dudas de que en los siete casos que se derivaron a la autoridad disciplinaria se acabase imponiendo una sanción, porque muchas veces los expedientes se quedan en el cajón.

En cualquier caso, insiste en que los datos no representan la problemática del acoso en el Ejército. «Si los datos se refieren al periodo entre 2004 y 2015, hay que tener en cuenta que cerca del 70% de los casos se quedaron sin denunciar, porque aún no existía el protocolo contra el acoso», afirma.

Ese protocolo se aprobó a finales de 2015 en el Congreso, como consecuencia del caso de la capitana Zaida Cantera, a quien Suárez-Valdés defendió en los tribunales. Entre los avances que incluyó, y que facilitan la denuncia, el de que las militares vejadas por su superior no tendrían que acudir a oficial que les acosó para presentar una denuncia interna.

El texto también incorporó que el mando militar denunciado no integre el tribunal que decida sobre el porvenir profesional de la víctima. Sin embargo, Defensa no ha destinado fondos para poner en marcha todas las medidas del protocolo, y las asociaciones de militares creen que muchos puntos son mejorables. Por ejemplo, el modo en que se imponen las sanciones disciplinarias, que sigue siendo completamente opaco.

Avances respecto al informe anterior

Este informe del Observatorio supone un avance respecto al del año anterior, que apenas mencionaba el acoso sexual o laboral entre las tropas. Había una breve mención al nuevo Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y otra a la voluntad de erradicarlo. Tan solo esos dos apuntes despachaban la problemática del acoso en un informe de 136 páginas sobre la situación del Ejército.

En este nuevo informe se detiene algo más en este asunto, además de para dar los datos de las denuncias durante la última década, para exponer la visión de la Fiscalía Togada, que ejerce la representación del Ministerio Fiscal en los casos que tiene que ver con el Ejército. Este órgano destaca que «los acosos sexuales y laborales son una lacra», pero añade que se producen en todos los ámbitos de la sociedad, y que las Fuerzas Armadas «no son una organización aislada de la sociedad».

La Fiscalía añade que en algunos casos analizados ha detectado «retrasos en la denuncia» por parte de la víctimas, lo que ha provocado «la persistencia en el abuso o el acoso dando lugar a situaciones indeseables», y ha impedido que «se adopten las oportunas medidas de protección».

El informe también recuerda en varios puntos que el Congreso ha instado al Observatorio a elaborar un informe sobre la situación de «acoso sexual, laboral y profesional», que este organismo que compromete a remitir, aunque sin dar una fecha concreta.