La formación de un nuevo gobierno dirigido por civiles no se tradujo en mejoras significativas de la situación de los derechos humanos. Se incrementaron los actos de violencia y discriminación contra la perseguida minoría rohingya. Se intensificó la intolerancia religiosa y el sentimiento antimusulmán. En el norte del país se agravaron los enfrentamientos entre el ejército y grupos armados étnicos. El gobierno endureció las restricciones de acceso para la ONU y otros organismos humanitarios a las comunidades desplazadas. Aunque decenas de presos y presas de conciencia quedaron en libertad, continuaron restringiéndose las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica. Siguieron cometiéndose impunemente violaciones de derechos humanos, y persistió la impunidad de las cometidas en el pasado.

Información general

El Parlamento se reunió por primera vez el 1 de febrero tras las elecciones de noviembre de 2015, en las que la Liga Nacional para la Democracia se alzó con una arrolladora victoria. En marzo, Htin Kyaw fue elegido presidente, y ese mismo mes se llevó a cabo la transferencia formal de poderes. Aunque la Constitución seguía prohibiendo a Aung San Suu Kyi ocupar la presidencia, en abril fue nombrada consejera de Estado —puesto creado especialmente para ella—, convirtiéndose así, de hecho, en líder del gobierno civil. Pese a ello, el ejército siguió acaparando considerable poder político, porque al tener asignado el 25% de los escaños del Parlamento podía vetar las reformas constitucionales, y porque controlaba los principales ministerios. Además, seguía sin estar sujeto a supervisión civil.

Discriminación

La minoría rohingya

La situación de la minoría rohingya se deterioró de manera considerable tras los atentados contra puestos policiales, ocurridos en octubre en la frontera norte del estado de Rajine, presuntamente perpetrados por extremistas rohingyas y que se saldaron con la muerte de nueve agentes de policía. Las fuerzas de seguridad respondieron con una operación de seguridad a gran escala, que incluyó “operaciones de limpieza” además del cierre de la zona, con lo que se impidió de hecho entrar en ella a las organizaciones humanitarias, los medios de comunicación y los observadores independientes de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad fueron responsables de homicidios ilegítimos, disparos indiscriminados contra la población civil, violaciones y detenciones arbitrarias.¹ Decenas de miles de personas se vieron desplazadas tras la destrucción de sus viviendas, y al menos 27.000 huyeron a Bangladesh. Esta respuesta supuso un castigo colectivo a toda la comunidad rohingya en el norte del estado de Rajine, y la conducta de las fuerzas de seguridad pudo haber constituido crimen de lesa humanidad. El gobierno negó tajantemente que las fuerzas de seguridad hubieran cometido violaciones de derechos humanos, y aunque en diciembre constituyó una comisión de investigación, ésta carecía de credibilidad, al estar presidida por un ex general del ejército y figurar entre sus integrantes el director general de la Policía.

En otros lugares del estado de Rajine la situación siguió siendo grave, y la población rohingya y musulmana en general vio drásticamente restringida su libertad de circulación, hasta el punto de que no podía salir de sus respectivas localidades o campos para personas desplazadas y se la segregaba de otras comunidades. También se limitaba enormemente el acceso a sus medios de sustento, a tratamiento médico (incluso en casos de vida o muerte), a la seguridad alimentaria y a la educación.

La mayoría de la población rohingya seguía siendo apátrida. Los esfuerzos del gobierno por reanudar el proceso de verificación de ciudadanía se estancaron y muchas personas rohingyas rechazaron este proceso por estar basado en la discriminatoria Ley de Ciudadanía de 1982.

Para solucionar el problema, el gobierno creó dos comités: el Comité Central para la Realización de la Paz, la Estabilidad y el Desarrollo del Estado de Rajine, establecido en mayo y presidido por Aung San Suu Ky, y la Comisión Asesora sobre el Estado de Rajine, establecida en agosto y presidida por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan.

Libertad de religión o de creencias

Se recrudecieron la discriminación, la intolerancia religiosa y el sentimiento antimusulmán, sobre todo tras los atentados de octubre en el estado de Rajine. Las autoridades no tomaron medidas efectivas para combatir la apología del odio religioso, ni llevaron ante la justicia a los autores de agresiones contra minorías religiosas.

En junio, un hombre resultó herido en la región de Bago cuando una turba atacó una mezquita y otros edificios musulmanes, que quedaron destruidos. El ministro principal de la región declaró a los medios de comunicación que no iban a emprenderse acciones contra los presuntos responsables.² En julio, una muchedumbre atacó una sala de oración musulmana en el municipio de Hpakant (estado de Kachin). Cinco personas fueron detenidas en relación con el ataque, pero al concluir el año nadie había comparecido ante la justicia.

Conflicto armado interno

En agosto, el nuevo gobierno celebró la Conferencia de Paz de la Unión – Panglong del siglo XXI, que tenía por objeto promover el proceso de paz y que, previsiblemente, se convocaría en lo sucesivo cada seis meses. A ella asistieron militares, representantes de la mayoría de los grupos armados étnicos y el secretario general de la ONU.

Pese a estas iniciativas, en algunas partes del país continuaron los combates. Entre abril y septiembre, se intensificó el conflicto entre el Ejército Independentista Kachin y el ejército de Myanmar, que recurrió a ataques aéreos y bombardeos en los que murieron y resultaron heridos civiles. En septiembre, en el estado de Kayin estallaron combates entre la Guardia de Fronteras y el ejército de Myanmar por un lado, y un grupo escindido del Ejército Benevolente Democrático Karen por otro. En el estado de Rajine estallaron nuevos combates entre el ejército de Myanmar y el Ejército de Arakan. En noviembre, la Alianza de Hermanos del Norte —nueva coalición de cuatro grupos armados étnicos del norte del país— lanzó ataques coordinados contra puestos de seguridad en los estados de Kachin y Shan-Norte. La coalición declaró que estos ataques eran su respuesta a las constantes ofensivas del ejército de Myanmar.

Siguieron recibiéndose noticias sobre violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en zonas de conflicto armado, entre ellas violaciones y otros delitos de violencia sexual, trabajos forzados, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, uso de minas terrestres y reclutamiento de niños soldados.

Al concluir el año, el ejército de Myanmar había licenciado a 101 niños y jóvenes.

Falta de acceso humanitario

A partir de abril, el gobierno restringió aún más el acceso de la ONU y de otros agentes y organismos de ayuda humanitaria a las comunidades desplazadas de zonas del norte del país que no estaban bajo a su control.³ Estudió incluso la posibilidad de imponer a las personas desplazadas de dichas comunidades la obligación de cruzar al otro lado del frente para recibir ayuda, medida que —de ser aplicada— habría violado el derecho internacional humanitario.

En el estado de Rajine, los organismos internacionales de ayuda humanitaria se veían obligados a pasar por engorrosos procedimientos para conseguir autorización para viajar hasta las comunidades vulnerables a las que pretendían prestar servicios. Tras los atentados de octubre en el norte del estado de Rajine, se suspendieron todos los servicios humanitarios, lo cual afectó a más de 150.000 personas. Aunque posteriormente estos servicios se reanudaron en algunas zonas, se calculaba que al concluir el año había aún 30.000 personas internamente desplazadas que no podían acceder a ayuda humanitaria de manera continuada debido a las operaciones de seguridad.

Personas refugiadas e internamente desplazadas

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en Myanmar había más de 250.000 personas internamente desplazadas. De ellas, más de 100.000 habían sido desplazadas por los combates en los estados de Kachin y Shan-Norte, y 150.000, la mayoría rohingyas, en el estado de Rajine.

En Tailandia seguían viviendo en nueve campos unas 100.000 personas refugiadas. En octubre se puso en marcha el primer programa piloto de regreso voluntario —auspiciado por los gobiernos de Myanmar y Tailandia, por el ACNUR (la agencia de la ONU para los Refugiados) y por otros organismos—, al que se acogieron 71 personas. Otras muchas personas refugiadas siguieron en Tailandia, pues decían tener miedo de volver a Myanmar.

Presos y presas de conciencia

El 8 de abril, una semana después de que el nuevo gobierno asumiera el poder, quedaron en libertad decenas de activistas estudiantiles, que permanecían en reclusión desde marzo de 2015. El 17 de abril, gracias a un indulto presidencial, fueron puestos en libertad 83 presos y presas, muchos de ellos de conciencia.⁴

No obstante, seguía habiendo personas encarceladas por motivos de conciencia, y continuaron las detenciones y los encarcelamientos por razones políticas. Decenas de personas fueron investigadas por “difamación en Internet” en aplicación de la ambigua Ley de Telecomunicaciones de 2013, a la que se recurría cada vez más para acallar las críticas pacíficas a las autoridades. En octubre, Hla Phone fue condenado a dos años de prisión por “difamación en Internet” e “incitación”, tras haber criticado en Facebook al anterior gobierno y al ejército de Myanmar.

Las personas que habían estado presas por motivos de conciencia siguieron sufriendo diversos problemas debido a las condiciones penitenciarias que habían soportado y a su condición de ex presidiarias, como falta de atención médica y psicológica, de acceso a la educación y de oportunidades de empleo. El gobierno no puso en marcha ningún programa de apoyo y rehabilitación dirigido a estas personas y a sus familias.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El nuevo gobierno empezó a revisar ciertas leyes represivas, y revocó la Ley de Protección del Estado, de 1975, y la Ley del Estado de Excepción, de 1950, que anteriores gobiernos habían utilizado para encarcelar a quienes los criticaban pacíficamente. Sin embargo, seguían en vigor otras leyes represivas que ponían a los defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro de arresto y prisión por sus actividades pacíficas.⁵ El proceso de reforma jurídica adoleció de falta de transparencia, y el Parlamento no lo sometió debidamente a consulta entre la sociedad civil y las personas expertas en cuestiones jurídicas. La reforma propuesta de la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas de 2012 no se ajustaba al derecho y las normas internacionales de derechos humanos.⁶ Un anteproyecto de ley sobre privacidad y seguridad contenía varias disposiciones que, de ser aprobadas, podrían restringir de manera arbitraria el derecho a la libertad de expresión y otros derechos.

Las autoridades siguieron intimidando, hostigando y vigilando a defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales del derecho y periodistas, que denunciaron que los habían seguido, los habían fotografiado cuando habían asistido a actos y reuniones, habían registrado sus domicilios y oficinas de madrugada o habían hostigado a sus familiares. Las defensoras de los derechos humanos estaban especialmente expuestas a actos de acoso e intimidación sexual.

Rendición de cuentas de las empresas

En octubre, el Parlamento aprobó una nueva Ley de Inversiones que carecía de disposiciones que protegieran a la población de los desalojos forzosos y del impacto de la contaminación provocada por las empresas.

En mayo se reanudaron las protestas en la mina de Letpadaung, tras haberse comunicado que ésta había empezado a producir cobre. Posteriormente se presentaron cargos penales contra dos de las lideresas de dichas protestas, que se enfrentaban a condenas de hasta cuatro años de prisión. El proyecto de Letpadaung tenía una larga historia de desalojos forzosos y actos violentos de represión de las protestas contra la mina, aunque nadie había rendido cuentas.

En octubre, el Ministerio de Industria renovó el permiso de actividad de la fábrica de ácidos Moe Gyo, que procesaba el cobre de las minas de Letpadaung y de Sabetaung y Kyisintaung (S&K). La renovación se produjo a pesar de la profunda preocupación que suscitaban los posibles efectos nocivos de la fábrica sobre la salud de quienes vivían en sus proximidades, y pese a la decisión de las autoridades municipales de Salyingyi de no renovar la licencia de la fábrica mientras no se hubiera evaluado su impacto sobre la salud y el medio ambiente.

Pena de muerte

No se llevaron a cabo ejecuciones, aunque los tribunales continuaron dictando condenas a muerte. En enero, el entonces presidente, Thein Sein, conmutó las condenas a muerte de 77 personas por cadena perpetua. En octubre, el Parlamento revocó la Ley del Estado de Excepción, de 1950, que prescribía la pena de muerte, pero persistieron otras leyes que contemplaban la pena capital.

Ausencia de rendición de cuentas

El marco institucional y legislativo seguía obstaculizando que se exigieran cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos, y dificultaba la tarea de impartir justicia y ofrecer verdad y reparaciones a las víctimas y a sus familias. La mayoría de las personas que habían cometido violaciones de derechos humanos, tanto en el pasado como en el presente, seguían eludiendo la justicia.

En enero, días antes de su disolución, el Parlamento aprobó la Ley de Seguridad de Ex Presidentes, que podría dotar de inmunidad a los ex presidentes en relación con los delitos cometidos durante su mandato, incluidos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros delitos de derecho internacional.⁷

En julio, en un gesto poco habitual que suponía el reconocimiento público de un acto indebido, el ejército admitió que siete soldados habían matado a cinco personas del estado de Shan-Norte, y comunicó que estaba en marcha un consejo de guerra. En septiembre, los soldados fueron condenados a cinco años de cárcel con trabajos forzados. Si bien esto representaba un paso adelante en la transparencia del ejército, ponía también de manifiesto la necesidad de reformar los sistemas de justicia militar y civil. De conformidad con la Constitución de 2008, el ejército seguía controlando sus propios procesos judiciales, incluso en los casos de violaciones de derechos humanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar seguía sin responder de manera efectiva a las denuncias de violaciones de derechos humanos, y carecía de independencia. En octubre, cuatro de sus integrantes dimitieron tras haber afirmado los medios de comunicación que habían llegado a un acuerdo económico extrajudicial en un caso de trabajo forzado infantil y malos tratos a menores.

Escrutinio internacional

Por primera vez en 25 años, la Asamblea General de la ONU no adoptó ninguna resolución sobre Myanmar, tras haber decidido la UE no presentar un proyecto de resolución. No se había aplicado por completo ninguna de las recomendaciones clave sobre derechos humanos formuladas en anteriores resoluciones.⁸

La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar realizó dos visitas oficiales al país. Aunque su capacidad de acceso mejoró, denunció que las personas de la sociedad civil con las que se había reunido habían sido constantemente vigiladas y hostigadas. Además, afirmó que durante una reunión con una comunidad del estado de Rajine, había descubierto un dispositivo de grabación que un funcionario gubernamental había colocado en un lugar oculto.

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el resultado del examen periódico universal de Myanmar. Aunque Myanmar aceptó más de la mitad de las recomendaciones, también rechazó recomendaciones clave sobre los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y sobre la situación de la población rohingya.⁹ En julio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por ciertas leyes discriminatorias, por las barreras que encontraban las mujeres y las niñas para acceder a la justicia y por su escasa representación en el proceso de paz.¹⁰

Aún no se había llegado a ningún acuerdo sobre el establecimiento en Myanmar de una sede local de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

1. Myanmar: “We are at breaking point”. Rohingya: Persecuted in Myanmar, neglected in Bangladesh (ASA 15/5362/2016)
2. Myanmar: Investigate violent destruction of mosque buildings (noticia, 24 de junio)
3. Myanmar: Lift restrictions immediately on humanitarian aid (noticia, 24 de octubre)
4. Myanmar: Continue efforts to release all remaining prisoners of conscience (ASA 16/3981/2016)
5. Myanmar: New expression meets old repression: Ending the cycle of political arrests and imprisonment in Myanmar (ASA 16/3430/2016)
6. Myanmar: Open letter on amending the Peaceful Assembly and Peaceful Procession Act in line with international human rights law and standards (ASA 16/4024/2016)
7. Myanmar: Se insta a revocar o reformar nueva ley que podría garantizar inmunidad a los ex presidentes (noticia, 28 de enero)
8. Myanmar: Why a UNGA resolution is still needed (ASA 16/4745/2016)
9. Myanmar: Amnesty International calls on Myanmar to protect the rights of Rohingya and to release all prisoners of conscience (ASA 16/3670/2016)
10. Myanmar: Briefing to the UN Committee for the Elimination of Discrimination against Women (ASA 16/4240/2016)